Las trabajadoras y trabajadores de la UAM, docentes, investigadores, de administración y servicios, agrupados en la plataforma de "Trabajadorxs de la UAM", con la colaboración de estudiantes, acordamos implicarnos activamente en la defensa de nuestra Universidad, en el ámbito de los Servicios Públicos propios de los principios básicos de justicia social que configuran el Estado de Bienestar, y lo hacemos público mediante el siguiente
Manifiesto por una Universidad Pública,
Democrática, Autónoma y de Calidad.
Pública, tal como nació y como ha de permanecer, para satisfacer el derecho fundamental de los ciudadanos de su acceso al conocimiento, a la educación y a la formación a lo largo de toda su vida, garantizando la igualdad real de oportunidades mediante la gratuidad efectiva del acceso a sus estudios;
Democrática, de forma firme y ejemplar ante la sociedad, en su organización, funcionamiento y dirección, garantizando la adecuada participación de todos los sectores que la componen, y actuando activamente para la no discriminación por razones de género, físicas, de origen social o cultural, de orientaciones o creencias;
Autónoma, en su planificación y su gobierno, de acuerdo con el mandato Constitucional, responsabilizándose ante la sociedad civil de sus objetivos y actuaciones;
De Calidad, en su doble labor de la Docencia y la Investigación, para comunicar y generar conocimiento, dotada para ello de los necesarios y suficientes recursos de personal, materiales y financieros.
Estas cualidades que debe observar nuestra Universidad sólo son posibles si se mantienen y perfeccionan cuestiones básicas para su funcionamiento y desarrollo, que son:
- Matrículas a precios públicos, reducidos, y acompañados de una política de becas que garantice de manera efectiva la igualdad de oportunidades a los ciudadanos, incluyendo el desarrollo de una política de becas/salario que primen la situación económica de los estudiantes y sus unidades familiares. Los programas de becas de excelencia, que impliquen la merma de recursos para los de becas que persiguen la igualdad de oportunidades, pueden ser perversos en una coyuntura de recursos escasos, y vienen además a sumarse a otros que ya se vienen aplicando a través de las dispensas en el coste de matrícula por Matrículas de Honor.
- Políticas de personal de administración y servicios que aseguren la necesaria estabilidad en los puestos para garantizar, no sólo el respeto a los propios trabajadores, sino también la mejor aportación a la comunidad universitaria, y que fomenten la promoción por la vía de una racional y adecuada formación continua.
- Una carrera docente e investigadora que, junto a los requisitos de acreditación de capacidad y méritos ya existentes, establezca los requisitos para acceder a la estabilización en el trabajo y clarifique las condiciones para la promoción. Un reconocimiento de las labores encomendadas al personal docente e investigador, de formación e investigación del más alto nivel, que debe ser mejorado social y políticamente, y que debe conllevar una correcta remuneración como consecuencia de ese nivel de exigencia.
- Una política de plantillas docente e investigadora y de administración y servicios basada en una programación democráticamente decidida por la comunidad universitaria, y que afecte al conjunto de la universidad.
- Unos recursos, medios e infraestructuras, adecuados para el desarrollo de las tareas docente e investigadora, y el correcto aprovechamiento de los ya existentes mediante programas de mantenimiento y actualización de los mismos.
- Un programa de financiación de la investigación por medio de planes estatales dotados en consonancia con el peso e importancia de la I+D Pública en el país, en relación a la privada, y una política de incentivación y apoyo efectivo para la participación en proyectos de carácter internacional.
- Mantenimiento del carácter público de la universidad en la provisión de sus bienes y servicios. Hay que acabar con el proceso de privatización que parcela el quehacer universitario y lo pone en manos de empresas privadas, que no teniendo ningún compromiso con la universidad, actúan sólo en búsqueda de su máximo beneficio y utilizan a la comunidad universitaria como clientela que ha de pagar por el servicio, no ciudadanas y ciudadanos con derecho a recibir un servicio público. Consideramos que la Universidad Pública está capacitada para proporcionar ella misma el saber hacer necesario para responder a sus propias demandas. La privatización está conduciendo a una pérdida de control de las instituciones universitarias y a una dependencia cada vez mayor de las multinacionales y los bancos, que han descubierto en el capitalismo cognitivo un nuevo nicho de mercado.
- Transparencia absoluta en la gestión, con publicidad de toda la información relacionada con todas las actuaciones económicas llevadas a cabo en el ámbito universitario.
La congelación de las plantillas, la asfixia presupuestaria mediante recortes brutales como los de las asignaciones para recursos e infraestructuras universitarias, la privatización encubierta, o el recorte en el capítulo de inversión pública real en I+D, es decir, la destinada de manera efectiva a financiación de proyectos, condenan a la Universidad a una pérdida de calidad, capacidad y potencialidad, suponen un despilfarro de la inversión pública anteriormente realizada, e hipotecan gravemente tanto su futuro como garante del derecho a la formación de los ciudadanos, como el de su carácter de motor de la Investigación y el Desarrollo en el país.
Formación, Investigación y Desarrollo que constituyen tres pilares esenciales para la transformación de la estructura económica y el modelo productivo de un país en el que el Estado de Bienestar y sus Servicios Públicos están aún subdesarrollados, en comparación con los de los países que configuran las referencias habituales en nuestro entorno.
